Ecociencia Gt

Si tan solo los guatemaltecos nos uniéramos para demandar acciones a favor de la conservación y el buen uso de los valiosos recursos naturales del país, tal como se ha hecho para exigir la salida del poder de los gobernantes corruptos, contribuiríamos en gran medida a asegurar nuestro bienestar presente y futuro.

Sin embargo, mientras sigamos apáticos ante la destrucción de bosques, la contaminación del aire y del agua, así como a la extracción de especies silvestres de fauna y flora de su hábitat, habrá inseguridad alimentaria, falta de agua y saneamiento y cada vez será más frecuente escuchar conversaciones como ésta:

“¡Qué calor hace!, ¡Ojalá llueva!... ¡Ay sí, porque refrescaría el ambiente y qué rápido se reverdece todo con el agua de lluvia! Pero todo se está secando… los ríos, los lagos…, y ya no hay árboles”, comentaban dos pasajeros que, al igual que yo, viajábamos acalorados y apretujados en un microbús destartalado, en el cual solo dos pequeñas ventanas permitían el ingreso intermitente de viento, viento tibio.

Esta conversación la escuché, coincidentemente, al retornar de un taller de capacitación sobre el Tráfico y Comercio Ilegal de Fauna Silvestre en Guatemala, durante el cual expositores y periodistas hablamos sobre la importancia de la biodiversidad del país y de cómo la pérdida o conservación de ésta afecta nuestra vida cotidiana.

Pero la temática no recibe la atención y acciones que merece por parte de los gobernantes, y la mayoría de los ciudadanos, aunque conozca algo al respecto, poco o nada hace por demandar la creación y cumplimiento de políticas públicas encaminadas a proteger y hacer uso racional de los ecosistemas del país.

También hacen falta recursos financieros y humanos para empoderar a las instituciones con el mandato de proteger estos invaluables tesoros naturales y estar pendientes de que actúen con transparencia.

Por citar un ejemplo, en la Fiscalía de Sección de Delitos contra el Ambiente son 10 personas las encargadas de dar seguimiento a las denuncias provenientes de todo el país. Y cuando logran efectuar capturas, tienen que enfrentar otros obstáculos en los juzgados, donde incluso por prejuicios sociales (muchos saqueadores son gente que vive en pobreza y cuando los jueces los ven “les da pena” enviarlos a prisión), o  el poco valor que le dan a las especies silvestres (porque “solo son animales”), no dictan sentencias contra quienes cometen el delito de su tráfico y comercio ilegal, explicó la abogada Aura Marina López, jefa de la citada fiscalía.

Esta situación origina que los animales silvestres sigan siendo extraídos de su entorno natural. Hay quienes erróneamente creen que los animales están mejor enjaulados que en libertad. Ellos desconocen que por cada 1 que trafican para convertirlo en mascota, 8 más mueren en el transporte, señalan datos del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).

Los felinos son cazados para venderlos disecados como trofeos y usan los colmillos, garras y pieles para fabricar cinchos, botas, billeteras, carteras, entre otros productos.

Las guacayamas tampoco tienen mejor pronóstico. Solo quedan unas 300 silvestres en el país, porque el robo y saqueo de sus nidos para venta de pichones amenaza su sobrevivencia.  

Es así como el comercio ilegal de vida silvestre es de las actividades criminales que más afectan al mundo y a quienes lo habitamos.

Hay que denunciar

El tráfico y comercio ilegal de estas especies es un delito penado con cárcel de 5 a 10 años y multa de entre Q10 mil a Q20 mil. 

Las denuncias pueden hacerse al Ministerio Público: Tel. 5990-0014; Diprona-PNC: 4503-2107 o 5551-5075; CONAP: 2422-6700 extensiones 1616 y 1617; CONAP-Petén: 7926-0462.